Asamblea Uruguay (AU), sector que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori, terminó de perder la línea en asuntos vinculados a irregularidades en el ejercicio de la función pública, por no decir que perdió la vergüenza.
Por una evasión al Banco de Previsión Social, (ya comprobada por el organismo) por los aportes para una secretaria que trabajó con Jorge Orrico cuando este era diputado, el sector político le retiró la confianza y provocó la remoción del cargo que el dirigente ocupaba en la presidencia del Sodre.
Orrico, al ver manchado su buen nombre, afirmó que los dineros para gastos de secretaría los administraba AU. Dijo que concretamente el dinero lo recibía Claudia Hugo, pareja de Astori.
El diputado Alfredo Asti fue el primero en salir al cruce de Orrico. No fuera a ser que su sector, liderado nada menos que por el titular de la Economía, el hombre que debe bregar para que la gente pague impuestos, estuviera evadiendo aportes al BPS.
«Cada legislador determina qué funcionarios van a ocupar su secretaría y qué salario corresponde dentro de cada partida. Cada legislador decide cuánto gana sus funcionarios y los aportes que se realizan», aseguró Asti, olvidándose que, por suerte, existen los archivos.
El 19 de julio de 2007, en el programa radial En Perspectiva, Asti habló sobre las partidas de secretaría que recibían los legisladores y dijo: «Esa asignación está destinada fundamentalmente al pago de la secretaría del legislador, del sector y del lema al cual pertenece. En nuestro caso, que es el que puedo aclarar porque lo conozco directamente, el caso de Asamblea Uruguay (AU), y es igual o similar en el resto de los sectores del Frente Amplio (FA) y supongo que en los otros partidos, nuestros secretarios figuran en una planilla del sector, se les abonan los sueldos, hacen los aportes correspondientes al Banco de Previsión Social, las retenciones por el anterior impuesto a las retribuciones personales y a partir de ahora por el IRPF sobre sus salarios». E insistió en que es el sector el que cobra «esa partida con la cual contrata el personal de secretaría que trabaja con los legisladores o con el propio sector».
Se contradice: Ayer era el sector el que recibía la plata, hoy es el legislador.
Unas horas después de que Asti incurriera en estas contradicciones impresentables, AU emitió un comunicado del cual basta y sobra con leer el primer punto: «Este no es un tema para tratar a través de los medios de comunicación».
Triste y preocupante. Ensuciaron públicamente el nombre de una persona que supo pertenecer a su grupo y no dudaron en sacrificarlo para no manchar al resto. Pero no es un tema para tratar en los medios. Se trata de dineros públicos, pero AU quiere manejarlo de forma que nadie se entere.
Este asunto sin dudas pone sobre la mesa los gastos que legisladores y partidos políticos utilizan de las arcas públicas como los dineros que reciben en campaña electoral violando flagrantemente la ley de partidos que ellos mismos votaron.
Pero Asamblea Uruguay debería tener aún más cuidado que el resto. Ningún grupo político jugó tanto contra la pulcritud y la transparencia, algo que la izquierda propalaba que tendría al asumir el poder. De sus filas surgió el ex director de Casinos Juan Carlos Bengoa y sus asesores, todos los cuales terminaron en prisión; de sus filas surgió Pablo Sanmartino, removido de la Intendencia de Montevideo por manejo irregular de fondos para el deporte; de su sector salió la ex contadora general de la Nación, Laura Remersaro, removida por una confusa situación en la que había un prostíbulo de por medio.
No está nada bien, aunque desde un punto de vista parece lógico, que Asamblea Uruguay no quiera que sus asuntos se traten públicamente.
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