Este jueves 8 de setiembre a la hora 18:00 se realizará en Isla Patrulla, pequeña localidad de la quinta sección de Treinta y Tres, una audiencia oral y pública convocada por la DINAMA para la presentación del proyecto de explotación de una cantera de caliza en la zona de Yerbal Grande. En la oportunidad los vecinos podrán presentar sus objeciones de las que tomarán nota los técnicos a cargo de autorizar o no este proyecto.
Para tomar posición al respecto, viene bien repasar algunos detalles bochornosos que forman parte de los expedientes a estudio de la Justicia tras la denuncia de los partidos políticos de oposición que fue resultado del trabajo de la comisión investigadora del parlamento de la república en torno a la gestión de ANCAP, principal propietaria de CEMENTOS DEL PLATA, firma que compraría el mineral que se pretende extraer.
La actual directora nacional de minería y geología, Dra Leda Sánchez, elaboró en el año 2001 un mapa geológico de la zona noreste del país, cuya financiación estuvo a cargo de la UDELAR y ANCAP. Por la UDELAR actuó Gerardo Veroslavsky, quien es doctor en geología y docente a tiempo completo de la Facultad de Ciencias, pero además –cosa totalmente irregular- es titular de empresa minera EDOWEL SA. Representando a ANCAP actuó Héctor de Santa Ana, quien también es doctor en geología y docente universitario, pero a su vez – cosa igualmente irregular- ocupando un alto cargo en ANCAP, también es socio de la minera EDOWEL SA.
Además de Santa Ana es tío de Veroslavsky, parentesco que no debería existir entre representantes de dos instituciones públicas que invierten dineros del estado en un proyecto común. La valiosa información contenida en ese estudio fiscalizado por tío y sobrino que a su vez eran socios en una empresa privada, fue a parar a manos de Mario Torterolo, otro empresario privado que también –en evidente irregularidad- era funcionario de DINAMIGE. Este funcionario público y a la vez empresario privado del mismo rubro minero, terminó procesado por el plagio de la información confidencial producida por la Dra Leda Sánchez, y que pertenecía a ANCAP y la UDELAR. De Santa Ana reconoció haberle entregado a Torterolo el informe de Leda Sánchez en “un pacto de caballeros”. Esa información privilegiada incluía los yacimientos de Cerro Méndez, donde claramente se diferencian la calidad de los ubicados al sur y los ubicados al norte. Los del sur eran los de menor calidad por su exceso de magnesio, por lo que era lógico que ANCAP explotara los yacimientos del norte, cosa que no sucedió porque Torterolo ya había denunciado esos yacimientos para su empresa privada. Esa es la razón por la que ANCAP empezó a explotar los yacimientos de menor calidad, obteniendo un producto que fue rechazado por Electrobras, empresa brasileña que adquirió el total de la producción para mitigar el daño ambiental de su planta de Candiota, a unos 60 kilómetros de la frontera con Uruguay. Como resultado de no cumplir el respectivo contrato, ANCAP debió pagar multas por un total de 8 millones de dólares hasta diciembre de 2015, cifra que puede haber crecido desde entonces.
Esta historia de irregularidades se reedita ahora con el proyecto que será debatido el jueves ya que la firma SIGMAPLUS SRL que lo presenta, pertenece al Ingeniero Químico Alejandro Pablo Nario Carvalho, quien ejerce el cargo de Director Nacional de Medio Ambiente , lo cual constituye motivo de nulidad para el trámite, ya que la misma persona no puede presentar una gestión ante el organismo público que dirige. Caeríamos en un absurdo inexplicable.
Más allá de todos los argumentos ambientales, sociales y económicos que se pueden presentar contra esta cantera de Yerbal Grande que no debería ser autorizada tras la audiencia del jueves, pesan estos antecedentes del manejo opaco y nada confiable que ha tenido todo el proyecto de Cementos del Plata en Treinta y Tres.
Las siguientes preguntas son pertinentes: ¿Conviene seguir adelante con un proyecto que solo le ha traído pérdidas al país y que no es compatible con los rubros productivos tradicionales en la zona? ¿Vale la pena autorizar una extracción de calizas que deteriorará la calidad del suelo y del agua dejando en poco tiempo un gran cráter improductivo? ¿No es mejor potenciar la ganadería, la agricultura y el turismo que son rubros sustentables generadores de muchos más puestos de trabajo que la minería?
En la respuesta a esas preguntas y en los antecedentes del negocio de las calizas en Treinta y tres, están las claves para decidir.
