Rafael Fernández de Castro, un experto mexicano en materia de seguridad, llegó a Montevideo la semana pasada para participar del seminario internacional «Derechos de la infancia, seguridad ciudadana y penas no privativas de libertad» organizado por Unicef. Fernández de Castro se llevó una buena impresión del país pero quedó sorprendido por las excesivas medidas de seguridad de los taxis, en concreto, por la mamparas. «Me ha llamado poderosamente la atención ese miedo que hay aquí», dijo el experto a El Observador.
Además de participar del seminario de Unicef y del «Primer Debate Nacional de Seguridad y Convivencia», Fernández de Castro se reunió el jueves, junto a otros representantes de Naciones Unidas, con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y con varios legisladores. En esa reunión, representantes de Unicef y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron los estudios realizados sobre seguridad en América Latina.
Fernández de Castro fue uno de los expositores. El académico mexicano dirigió para el PNUD el Informe Regional de Desarrollo Humano de 2013-2014 titulado «América Latina, la región más insegura del mundo». «Recorrí 20 países de América Latina y si algo nos falta es capacidades de Estado», advierte Fernández de Castro.
«PNUD y Unicef están trayendo experiencias internacionales para que los uruguayos tomen en cuenta y decidan cómo hacen sus propios programas. A mí me parece que esto tiene que ver con el ejercicio de la regulación de la marihuana. Claramente aquí se estudió el ejemplo de Holanda, Vancouver, Portugal, Australia y me parece que la solución que se encontró es única, es una receta que prepararon los propios uruguayos. En el tema de la encarcelación adolescente algo así tendrá que pasar», explicó.
Este experto, que fue profesor visitante en Harvard y actualmente dirige el Departamento Académico de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), plantea que «el acierto aquí con la regulación de la marihuana es referencia en el continente». En contrapartida, cuenta que la guerra a las drogas en su país trajo más sangre que paz. En ese sentido, considera que para enfrentar las carencias en la rehabilitación de los adolescentes infractores, los políticos deben mirar la experiencia de los países vecinos y fortalecer la institucionalidad.
«Hay una evidencia abrumadora de que la cárcel no es el remedio óptimo para reinsertar a los adolescentes. Desde luego que hay casos excepcionales», sentenció el experto.
«Las condiciones de prisión en Uruguay (tanto para mayores como para menores) no son las más adecuadas. Realmente no tienen nada que ver las condiciones de prisión con el progresismo social que hay en otros temas», dice el experto.
Uruguay «flaquea». La falta de institucionalidad es uno de los obstáculos más importantes del continente y Uruguay en materia de políticas de seguridad. «Uruguay tiene bastante Estado de derecho, es una sociedad bastante legalista si la comparas con otras. Sin embargo, la institucionalidad en el tratamiento de los adolescentes infractores flaquea», aseguró Fernández de Castro, quien, entre 2008 y 2011 trabajó como asesor de política exterior del entonces presidente de México Felipe Calderón.
¿Por qué flaquea la institucionalidad uruguaya en materia de menores infractores? Algunas señales en esa materia son contundentes. Mientras que el Ministerio del Interior mantiene su cúpula política desde 2010, con Bonomi y Jorge Vázquez a la cabeza, el sistema penal para adolescentes infractores ha sufrido dos revoluciones en los últimos cinco años.
Cuando Bonomi asumió la conducción del Ministerio del Interior, sobrevivía el Sistema de Ejecución de Medidas a Jóvenes Infractores (Interj), pero en 2012 el Parlamento aprobó la creación de una nueva institución. Así, se creó el Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente (Sirpa), que presidió Rubel Villaverde.
Tres años después, el Sirpa fue sustituido, ley mediante, por el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), que preside Gabriela Fulco, exasesora de Bonomi en el ministerio.
El cambio de dirección y de nombre estuvo acompañado en ambas oportunidades por un cambio de rumbo en las políticas de seguridad y rehabilitación. Villaverde priorizó terminar con las fugas, construir nuevos centros de reclusión (y rehabilitación) e impulsar las salidas laborales y estudiantiles de los adolescentes infractores.
Fulco cuestionó la gestión de Villaverde apenas llegó al gobierno, se enfrentó al sindicato de trabajadores del INAU e impulsó una nueva institucionalidad.
«Claramente eso habla de una falta de fortaleza institucional. No importaría que cambie el directorio y el nombre si existe una fortaleza institucional pero aquí se ve que la institución depende mucho del directorio», explicó Fernández de Castro. «Claramente hay una deficiencia institucional, hay falta de capacidades del Estado, un asunto que tenemos que reforzar en toda América Latina», agregó.
Cuando Fernández de Castro trabajaba como asesor del presidente Calderón en política exterior, Álvaro Colom era el presidente de Guatemala. «Colom tuvo seis secretarios del Interior en cuatro años de gobierno. Entonces, ¿con quién platicas, con quién hablas, con quién te pones de acuerdo? Eso es claramente la falta de institucionalidad», explicó el experto.
Hay que aplicar las penas. Los expertos internacionales convocados por Unicef coinciden en dos puntos claves: en primer lugar, no se puede responsabilizar a los adolescentes de la inseguridad, porque los delitos cometidos por los menores representan menos del 10% del total; en segundo lugar, a los adolescentes no se los rehabilita con encierro sino con medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, la mitad de los adolescentes a los que se le imponen medidas alternativas a la prisión no las cumple. Hace un año, el 7 de setiembre, 181 adolescentes cumplieron con las medidas alternativas, mientras que 198 no se presentaron. Aunque se redujo, el ausentismo sigue siendo alto. El jueves 1º de setiembre de este año, 141 adolescentes cumplieron la medida alternativa, mientras que 98 no. «Parte de la institucionalidad es aplicar las penas. Ahí nuevamente sigue habiendo fragilidad, falta de fortaleza institucional», advierte Fernández de Castro.
Permanece vivo en Belo Horizonte
«Lo que tenemos que hacer, y por eso es importante la cooperación internacional, es aprender del vecino. Las grandes lecciones las dan Colombia y Brasil; no México», advierte Rafael Fernández de Castro. «En 2006, México tenía tasas de homicidios menores a las de Uruguay. Hubo una respuesta brutal contra el narcotráfico, una guerra, que lo que hizo justamente fue generar más violencia», recuerda el experto, que entre 2008 y 2011 fue asesor del presidente de México. En contrapartida a esta respuesta estatal, propone seguir el ejemplo de Belo Horizonte, ciudad del sureste de Brasil, donde se aplicó el programa «Fica vivo» (permanezca vivo), al que define como «una intervención integral para educar a los jóvenes, darles empleo, involucrar a la sociedad civil, a los empresarios». «Academia y Estado van de la mano y con programas de larga data. Esto no se arregla de un día para el otro ni de un año para el otro», dijo el experto.
>Fuente: elobservador.com.uy
