A solo dos días del lanzamiento de una nueva edición del programa «Yo estudio y trabajo», unos 3.000 jóvenes se anotaron para trabajar en empresas del Estado, informó a El País el director de Empleo, Eduardo Pereyra, y agregó que se espera que las inscripciones lleguen a captar 20.000 jóvenes.
El detalle no es menor. Según el último dato a junio, el desempleo fue de 7,5% en todo el país, pero entre las personas de 14 a 24 años es sustantivamente superior con un 23,6%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que serán actualizados a julio mañana.
De todas formas no todos correrán con la misma suerte ya que hay 600 cupos previstos para hacer las prácticas laborales en todo el país. La elección es por sorteo el 21 de septiembre, pero las inscripciones (solo a través de la web www.inscripcion.com.uy) son hasta el 16.
El programa abarca jóvenes de entre 16 y 20 años que estén estudiando o inscriptos a cursos con una carga horaria mínima de 240 horas en total y no cuenten con experiencia laboral formal de más de 90 días. Los mismos son contratados por plazos de entre nueve meses y un año —sin admisión de extensión— y se les paga cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) nominales, esto es, $ 13.360 por 30 horas semanales, aunque en caso de mujeres embarazadas o con niños menores de cuatro años la remuneración se eleva a seis BPC o $ 20.040 nominales. Los jóvenes tienen derecho a 20 días de licencia por estudio, además de la licencia ordinaria.
Según Pereyra, «los jóvenes entienden que tener una experiencia en Antel, UTE, OSE o el Banco Hipotecario a futuro les da una referencia importante, además la experiencia es de cierta calidad y compatibiliza con el estudio».
Pereyra admitió que muchos jóvenes que estudian tal vez no están buscando una primera experiencia laboral, pero el trabajar en una empresa pública es un atractivo. «Tenemos otros programas de empleo y no tienen tanto éxito como este; es evidente que los jóvenes buscan tener una buena referencia y eso lo logran en estas empresas», dijo. Además, agregó que «generalmente las empresas dicen que son buenas experiencias» y se muestran interesadas en repetir las instancias de contratación.
Empleo público
A fines del año pasado PRO Universitarios publicó una encuesta sobre el Perfil del Estudiante Universitario en la que participaron más de 2.000 jóvenes, que reflejó que las empresas públicas son las más deseadas para trabajar. En el ranking de 10 instituciones, Antel, la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo lideraron, y solamente fueron mencionadas dos empresas privadas: Coca Cola y Unilever. Analistas en ese momento remarcaron la condición de inamovilidad de los funcionarios como uno de los mayores atractivos. En este caso los participantes no adquieren la calidad de funcionarios públicos ni tienen derecho a permanencia o inamovilidad en la empresa, aunque la referencia es lo que les perdura.
Asimismo los participantes no pueden elegir la empresa en la que trabajarán —que siempre es en su localidad— y las tareas a desarrollar son de tipo operativo o administrativo.
En la edición anterior jóvenes pudieron trabajar en Ancap, ANII, Puertos, Antel, Agencia Nacional de Vivienda, BHU, BPS, BROU, Correo, BSE, LATU, OSE, Parlamento, UTE, Plan Ceibal, Intendencia de Canelones y Caja Bancaria, entre otras instituciones.
El director de Empleo, recordó que en las cuatro ediciones anteriores se inscribieron un total de 141.187 jóvenes, de los cuales el 60% fueron mujeres, el 45% estaba cursando el bachillerato liceal. Una particularidad es que para salir electo el joven no puede haber sido beneficiario de otra experiencia laboral en el Estado.
Otra de las condiciones para poder participar es que el joven mantenga la calidad de estudiante durante todo el período. Según Pereyra, en los ciclos anteriores la mayoría lo ha logrado. De los que se han inscripto en períodos anteriores la mayor parte tiene 17 años (un 27%) y son en un 51% del interior.
El viernes pasado al hacer el lanzamiento de una nueva edición del programa que se creó en 2012, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo que «imaginamos el impacto que esto tiene en un pequeño pueblo, cuando saben que el hijo o el nieto de fulano de tal está estudiando y está haciendo un trabajito en tal lado, y sigue haciendo las dos cosas». Además insistió en que se necesita «mejorar la calidad y la ética del trabajo para seguir avanzando».
Según una evaluación del programa realizada por el Ministerio de Trabajo sobre la primera edición, a los 26 meses de culminar el mismo muestra «impactos significativos y positivos» en los jóvenes que pertenecen a hogares que cobran asignaciones familiares, incrementando la posibilidad de tener un empleo formal entre ocho y 12 puntos porcentuales. Además hay un impacto positivo en el vínculo educativo.
