Uruguay es el segundo país en hacerlo, siguiendo el camino iniciado por Costa Rica, quien logró su ratificación el 28 de julio. Al lograr la aprobación de dos países, la Convención comienza a ser jurídicamente vinculante para ambos, lo que implica que obliga a los Estados en el cumplimiento de los derechos y en la protección contra todo tipo de discriminación hacia las personas mayores.
La Convención significa un gran avance en el cambio de paradigma sobre la comprensión del envejecimiento y la vejez, concibiendo a las personas mayores en su integralidad y como sujetos de derecho. A su vez, es el primer instrumento que plantea las desigualdades de género en la vejez e incorpora temas que previamente eran tratados de forma marginal como la violencia y el maltrato en esta etapa de la vida y los derechos de las personas mayores que reciben servicios de cuidado a largo plazo.
La ratificación de la Convención representa para Uruguay un nuevo marco de trabajo con impactos no sólo a nivel normativo, sino también como instrumento político que extenderá el proceso de ampliación y fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a las personas mayores.
Desde Inmayores de Mides queremos destacar el compromiso y el esfuerzo de la sociedad civil en este camino hacia el logro de la ratificación por parte de Uruguay. Comienza una nueva etapa de trabajo en la que se deberá trabajar en la difusión y sensibilización sobre la Convención y en lograr plasmar a través del Segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez los compromisos que hoy asumimos
