El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló que el directorio de ANCAP de la pasada administración cometió «desviación de poder» al apartar del cargo a un funcionario que había denunciado «irregularidades» en el control de la facturación, y acusó en el Juzgado de Crimen Organizado al directorio por ocultarlas.
«Surge claramente que no solo no fueron investigados los hechos denunciados sino que se buscó separar al actor para de algún modo ‘callarlo'», expresa el fallo. El vicepresidente de la República, Raúl Sendic, era uno de los denunciados y presidía el directorio del ente en ese momento.
El contador Jorge Pérez trabajó en ANCAP desde 1984. En el 2011 comenzó a desempeñarse como delegado del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) en la petrolera estatal, como el encargado de «fiscalizar» y «ejercer el contralor de la hacienda pública». Al ejercer ese control, advirtió «la aprobación en forma absolutamente irregular de facturas de pago a proveedores durante muchos meses (o años)» por parte de otra contadora delegada del TCR en la división Portland. En marzo de 2012, Pérez notificó de estas supuestas irregularidades mediante mails a la contadora María del Carmen Giraldez, entonces gerenta económico financiera de ANCAP y encargada de los contadores delegados del TCR en el ente; al ingeniero Juan Romero, gerente de Portland; y al contador Eduardo Milano, gerente de Planificación y Logística de Portland, pero Pérez no recibió respuesta de los gerentes. Entonces, informó al directorio.
«Este órgano por mayoría resolvió que no debían investigarse, pese a que nunca se habían investigado ni uno solo de los hechos denunciados», expresaba Pérez en la denuncia penal. «Esos hechos involucran a altos jefes y gerentes de ANCAP y a su vez al presidente del directorio del ente, Raúl Sendic, y los integrantes de la mayoría del directorio de ANCAP, Juan Gómez, Germán Riet y Juan Amaro», agregaba en su denuncia.
El TCA asegura por unanimidad de cinco miembros en fallo del 16 de junio de 2016 que Sendic incurrió en una «falacia» por descalificar en medios de prensa al funcionario que lo había denunciado.
El vicepresidente de la República había dicho al semanario Brecha que el denunciado era un «tipo complicado» y por eso se había iniciado un «sumario administrativo con separación del cargo».
«Si era un funcionario ‘complicado’, aparentemente lo fue desde el inicio, por lo que no se comprende porqué recién se le inicia una investigación luego de que denunciara hechos irregulares que involucraran a jerarcas del ente y que dieran mérito hasta declaraciones en la prensa del propio presidente del Directorio descalificando la denuncia porque el actor es ‘problemático’ incurriendo en un tipo de falacia muy usual que se conoce como argumento ad hominem», asegura el TCA, el máximo órgano competente dentro de la Justicia administrativa.
El TCA expresa en su fallo «que la sanción impuesta (al contador Pérez) no obedece al fin querido por el legislador, sino a un fin distinto, que fue sancionarlo, no porque haya insultado o agredido de palabra a nadie, sino por el solo hecho de haber puesto de manifiesto un cúmulo de irregularidades que comprometían no solo a otro Contador delegado del Tribunal de Cuentas, sino a altas jerarquías de la Administración» .
El denunciante «añadió que con su denuncia se podían ver afectados varios jerarcas, entre otros la Cra. Giraldez (quien luego fue sumariada por el propio ente como consecuencia de la aceptación de cheques de la ex Pluna a un plazo mayor al permitido, lo que concluyó con una suspensión de seis meses y el traslado de la misma). Y a juicio del Tribunal, le asiste razón», expresan los ministros.
Finalmente, el TCA anuló el sumario con separación del cargo. De todas maneras, no hubo «especial condenación» para el directorio de ANCAP.
Pérez denunció en noviembre de 2012 ante la Justicia que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba «a ciegas», «sin ver las facturas». Luego de tres años de investigación y de indagar a tres gerentes, la Justicia especializada en Crimen Organizado archivó la causa en febrero de 2016, a pedido del fiscal Juan Gómez, quien aseguró en la solicitud de archivo que se trató de «un mero enfrentamiento entre funcionarios»
