Postergan seis meses aumento extra para 120.000 jubilaciones
Se paga desde el año 2007 y está destinado a los que hoy ganan $ 8.767.
Desde el 2007, los jubilados con los salarios más sumergidos reciben un aumento extra en julio. Este año el incremento «voluntario» a las jubilaciones mínimas se postergó hasta enero de 2017, por lo que se estima que 120.000 pasivos se verán afectadas por esta medida.
El secretario general de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), Waldemar González, dijo a El País que la noticia «cayó como una ruptura del diálogo» porque no se convocó a ningún ámbito de negociación para comunicar la decisión.
La organización que nuclea a los jubilados se enteró de la postergación del aumento previsto para julio por declaraciones del presidente Tabaré Vázquez la semana pasada, realizadas en ocasión del Consejo de Ministros en San Gregorio, Tacuarembó.
«El presidente dijo que posiblemente el ajuste especial para las jubilaciones más bajas se pagaría el 1° de enero junto al incremento establecido por ley», indicó González.
El representante de los jubilados en el Banco de Previsión Social (BPS), Sixto Amaro, dijo a El País que «no hay conformidad» con esta decisión, porque se venía manteniendo un diálogo que «se cortó abruptamente», y aseguró que el anuncio «afecta a los más vulnerables».
Según González, las personas que ganan una jubilación mínima de $ 8.767 son alrededor de 120.000. Este grupo tuvo en julio de 2015 un incremento menor a los $ 400. «Esto no necesita de ninguna explicación técnica, es imposible que una persona que cobre una jubilación mínima pueda cubrir los gastos del mes», afirmó.
De acuerdo a cálculos de Onajpu, todos los jubilados perdieron el 6% de su poder adquisitivo en lo que va del año y a fines de 2016 esa cifra ascenderá al 10%. Además, se estima que hay 200.000 jubilados que ganan menos de $ 10.000.
Para marcar sus discrepancias con esta postergación, Onajpu pidió audiencia a las comisiones de Seguridad Social del Parlamento. Además, analiza tomar medidas de movilización en los próximos días.
Amaro hizo un planteo por escrito solicitando que se equipare la jubilación mínima con el salario mínimo nacional, hoy en $ 11.150, lo que costaría unos US$ 20 millones al año.
«Sé que cuesta dinero, estamos hablando de US$ 20 millones al año, pero creo que en el marco de toda la plata que se tira y desperdicia, esto es un vuelto. No creo que sean estas personas las candidatas a pagar el ajuste», afirmó González.
Por otro lado, a partir de hoy, 125.000 personas, entre jubilados, pensionistas y cónyuges se suman al Sistema Nacional Integrado de Salud. Los aportes de estos pasarán de 3% al 5% de sus ingresos. Según el BPS, 80.000 jubilados reducirán el aporte al Fonasa. Por ejemplo, el que cobra $ 10.000 y en junio aportó $ 822, pagará $ 450.
Los retirados militares suben el tono: «la clásica mentira repetida mil veces».
En medio de una fuerte polémica pública entre legisladores del Frente Amplio y los militares retirados por la reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, el Centro Militar, la organización que agrupa a activos y pasivos de las Fuerzas Armadas, afirmó que se difunden informaciones «tendenciosas», «deshonestas» y que forman parte de «la clásica mentira repetida mil veces».
La alusión directa es a la senadora del MPP Lucía Topolansky, quien afirmara en estos días que los pasivos militares no pagan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
La iniciativa de reforma de la Caja Militar, que debe ser asistida por Rentas Generales con unos US$ 400 millones anuales, se encuentra siendo discutida aún entre el presidente Tabaré Vázquez, las autoridades del ministerio de Defensa Nacional y los jefes castrenses. El ministro de Economía, Danilo Astori, expresó esta semana en el Parlamento que espera que antes de fin de año sea aprobada.
El Centro Militar dijo que «al mismo tiempo» que Rentas Generales asiste a la Caja Militar, «el Banco de Previsión Social recibe una asistencia anual por US$ 4.100 millones sin que a las autoridades económicas se les genere alguna preocupación».
