Luego de que esta semana, el senador Luis Lacalle Pou alertara que en dos meses Aratirí iniciará un juicio internacional contra el Estado uruguayo por los compromisos firmados, la pregunta sigue girando en torno a cuáles serán los próximos pasos que dará la empresa, evidentemente perjudicada por un emprendimiento que no pudo llevarse a cabo.
“Estamos a dos meses o menos de que se inicie un juicio internacional contra el Estado por los compromisos firmados respecto a Aratirí. Y en un tribunal arbitral, no en la Justicia nacional», dijo Lacalle Pou en la Universidad de Montevideo al presentarse el Índice de Transformación Democrática, de la Fundación Alemana BSI, según informó esta semana Diario El Observador.
Para el periodista especializado en temas medio ambientales e integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, Victor Baccheta, el objetivo es continuar “pulseando” con el gobierno por el pago de la información obtenida durante la etapa de exploración de manera de recuperar lo invertido: “Ha trascendido que incluso han llegado a amenazar con que podrían hacerle un juicio al Estado”, indicó.
Según el periodista, la empresa aumentó el costo de la información que pasó de US$ 60 millones en 2011 a US$ 300 millones en la actualidad, una cifra que en opinión de Bacchetta está “inflada” y tiene que ver con que la minera está tratando de sacar una ganancia extra por todo lo que ha hecho.
A su vez, la aparición de la empresa Invertexi como nueva interesada en explotar hierro despertó sospechas. Hace algunas semanas, una investigación periodística llevada adelante por el programa “No toquen nada” de Océano FM de Montevideo, pudo verificar que la empresa Invertexi S.A no sólo estaría relacionada con la minera Aratirí, sino que varios ex empleados la integran.
¿Qué significa esto? Mientras la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse había informado que Aratirí abandonaba el proyecto de explotación de hierro en nuestro país y presentaba un nuevo interesado sin antecedentes en el rubro, el relacionamiento entre ambas empresas hace sospechar que Aratirí tiene otras intenciones.
Según recuerda Diario El Observador, el artículo 24 de la ley de minería de gran porte prevé que en caso de que el Estado no otorgue la concesión, “el solicitante de la concesión para explotar tendrá la prioridad ante la administración para presentar un posible interesado» y habrá un plazo de 120 días para alcanzar un acuerdo.
Según la investigación publicada en el portal 180, Invertexi S.A fue creada en 2015 para funcionar en varios rubros, un mecanismo que se aplica cuando las sociedades anónimas se van a vender. Se constató que quien figura como único integrante del directorio es su presidente, Manuel Fariña Santos, un hombre de 58 años que trabaja como chofer en la Junta Departamental de Montevideo desde 1987 y a su vez, figura en otras sociedades anónimas. Además, la geóloga Helga Chulepín, gerente de Relacionamiento con la Comunidad y Logística de Aratirí, figura como referente de Invertexi.
Según Baccheta el vínculo entre la empresa Invertexi S.A y la empresa Aratirí se trata de una “maniobra dilatoria” de la minera que busca vender a toda costa al Estado la información obtenida durante su etapa de exploración.
Bacchetta considera que se trata de un juego ya no para proyectar explotación minera (que a esta altura es económicamente inviable) sino para lograr que el Estado compre la información obtenida por la empresa. Vale señalar que la ley de minería de gran porte indica que cuando un contrato no se firma, el gobierno tiene la opción (aunque no está obligado) de comprar esos datos.
