La Intendencia Departamental de Treinta y Tres se quedó sin presupuesto porque venció el plazo constitucional para responder a las observaciones del Tribunal de Cuentas. De este hecho deberían hacerse cargo los dos partidos políticos que integran la Junta Departamental. Llamativamente no es así.
El Intendente interino Ramón da Silva (PN) resta importancia al hecho diciendo que “no es responsabilidad de nadie, son cosas que ocurren”. La explicación que da para esta situación sin precedentes, es que.. ¡el tribunal envió sus observaciones a un correo electrónico que la Junta Departamental ya no utiliza!! Esa es una excusa impresentable. Sencillamente no puede admitirse un error de ese tipo en un asunto tan importante como es la principal ley de todo el quinquenio. La bancada nacionalista tiene 21 miembros y ninguno de ellos estuvo atento a lo que estaba ocurriendo.
Mientras tanto la bancada opositora (FA, integrada por 10 Ediles) pretende cargar toda la culpa al partido de gobierno, cosa también improcedente. Ni la Constitución de la República ni la Ley 9515 que regula la función de los Ediles establece diferencia alguna de responsabilidad entre oficialismo y oposición. Todos forman parte de un cuerpo llamado Junta Departamental y por tanto tienen la misma responsabilidad institucional, sin importar al partido que representan. Además la Comisión de Hacienda de la Junta (integrada por 7 Ediles) cuya obligación es el seguimiento del trámite de aprobación del presupuesto, tiene dos miembros frenteamplistas (Alicia Vergara y Carlos Vázquez), y hasta donde se sabe, no alertaron de la proximidad del vencimiento del plazo.
Ambas bancadas actúan mal. La del Partido Nacional por minimizar el hecho como si fuera un asunto menor. La del Frente Amplio por intentar sacar rédito político de un error que en parte es propio, pero pretende atribuirlo exclusivamente a su adversario.
No es así como deberían proceder las personas a las que la ciudadanía les confió la administración de los recursos públicos del departamento.
