Según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, durante 2015, 27 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron asesinados. En Uruguay destacan las acciones referidas a la regulación de “El Guardián”, un proyecto para regular la publicidad oficial y acciones para conocer información sobre prestaciones otorgadas por BPS.
Hoy 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentados en su informe anual 2015 sobre el estado de la libertad de expresión en el hemisferio, 27 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron asesinados durante ese año.
A partir de allí analizamos algunas de las recomendaciones de RELE y de qué manera Uruguay las ha venido aplicando. En su informe la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión señala las principales amenazas para ejercer el derecho a la libertad de prensa en la región y los progresos.
Ataques a la prensa
Según RELE, los Estados deben realizar investigaciones “diligentes” para esclarecer ataques a la prensa. Investigaciones que además deben ser parciales sobre los asesinatos, agresiones, amenazas y actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación.
27 periodistas y trabajadores de la comunicación fueron asesinados durante 2015.
Protestas sociales
RELE señala que los Estados deben establecer protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad que actúen en situaciones de protesta social, sin embargo, durante el año pasado, manifestaciones y protestas sociales fueron afectadas por el despliegue excesivo y desproporcionado de la fuerza policial.
La Relatoría recuerda que los agentes deben proteger a los manifestantes.
Publicidad oficial
Con respecto a la distribución de la publicidad oficial, los Estados deben mantener criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios. RELE recuerda que, en la actualidad, algunos gobiernos mantienen la asignación de publicidad oficial con el objetivo de castigar o premiar a medios en función de sus líneas informativas.
Programas de Vigilancia
Debido a que se considera que los programas de vigilancia pueden generar un perjuicio serio a los derechos universales a la intimidad y a la libertad de pensamiento y expresión, los Estados deben permitir y asegurar que el público pueda acceder a información sobre los programas de comunicaciones privadas (su alcance y los controles existentes)
Acceso a la información pública
Los Estados deben fortalecer la estructura institucional de supervisión de la implementación de las leyes de acceso a la información pública. Desde 2015 ya son 22 los países del hemisferio que adoptaron leyes de acceso a la información.
RELE destaca acciones de Uruguay
La Relatoría destaca varias acciones que CAinfo (Centro de Archivos y Acceso a la Información) desarrolló durante 2015: la acción de acceso a la información pública contra el BPS para conocer las prestaciones otorgadas a familiares y personas con padecimientos de salud mental, la presentación de un nuevo Índice de Transparencia Activa en Línea, la acción para acceder a información sobre un protocolo que regula la implementación de un software de vigilancia (El Guardián), el proyecto para regular la publicidad oficial, entre otros.
