A partir del año pasado la Dirección General Impositiva (DGI) empezó a utilizar la no aceptación de pagos a través de tarjeta de débito como un indicador más a tener en cuenta a la hora de llevar adelante las tareas de inteligencia fiscal para detectar posibles evasores al fisco.
Si bien el comerciante es libre de aceptar esos medios de pago, el rechazo de los mismos es percibido como un indicio de riesgo fiscal en comercios con un elevado volumen de venta anual como forma de escapar a las obligaciones tributarias.
En 2015 la DGI había fiscalizado a cerca de 50 empresas que no aceptaban medios de pago electrónicos y tenían una facturación de alrededor de $ 5 millones anuales. En el 90% de los casos se realizaron reliquidaciones de impuestos, mientras que en 15% se constató causal de clausura, informó la DGI ayer.
El filtro de la inclusión
En tanto, esta semana la DGI redobló la apuesta e inspeccionó a unas 40 empresas que se desempeñan dentro del rubro gastronómico y a otras ocho del rubro vestimenta. ¿Qué tienen en común ese medio centenar de firmas? Tampoco se puede pagar en ellas con tarjetas de débito y tienen una facturación similar a las firmas visitadas el año pasado.
Pese a que todavía se están analizando los datos, indica un comunicado en la página web de la DGI, se detectaron empresas «con situaciones que configuran causal de clausura», tanto por ventas «en negro» (sin factura de por medio) como también por incumplimiento de las normas formales de documentación.
«La DGI solo puede adelantar que nuevamente en un porcentaje muy significativo habrá reliquidaciones de impuestos», señala el comunicado.
Los motivos
En julio del año pasado el director de la DGI, Joaquín Serra, había señalado a El Observador por qué el organismo había tomado la decisión de tener en cuenta el rechazo a este tipo de medios de pago.
«En un sistema donde hay un beneficio económico para el consumidor, donde existieron incentivos del Estado para que comerciantes pudieran acceder a los POS (aparatos para efectuar el pago por tarjeta) y que aumenta el interés del cliente de comprar en aquellos lugares donde obtiene beneficio, no queda claro por qué algunos comercios deciden no utilizar estos medios», había explicado Serra en aquella oportunidad.
Esa iniciativa de la DGI se da en el marco de una política llevada adelante por el gobierno para, de manera paulatina, ir abandonando el efectivo en favor de otros medios de pago electrónicos, como el débito.
Por eso el gobierno apostó a una ley de inclusión financiera que buscó que más actores adoptaran esos mecanismos.
Los últimos datos muestran que la iniciativa está dando sus frutos.
La tarjeta de débito duplicó tanto la cantidad de operaciones como los montos en un año. El monto total operado en el segundo semestre de 2015 fue de US$ 868 millones frente a US$ 478 millones de igual período de 2014. En tanto, la cantidad de operaciones pasó de 10,1 millones a 20,4 millones, de acuerdo a los últimos datos divulgados por el Banco Central del Uruguay a comienzos de marzo.
Asimismo, el Poder Ejecutivo anunció la aplicación a lo largo de este año de nuevas medidas para hacer más atractivo el uso de medios de pago electrónicos. Algunas de ellas son el uso de débito solamente digitando el PIN, la reducción de aranceles en tarjetas de débito, menores plazos para el reembolso de fondos a los comercios y transferencias bancarias a menores precios.
En ese sentido, el Índice de Pagos Electrónicos vs Tradicionales, que realiza la autoridad monetaria, mantuvo la tendencia alcista. Así, durante el segundo semestre de 2015 el 25% de los pagos realizados por los uruguayos se hizo por medios electrónicos.
