Sueldos “ilegales”

En momentos en que los subsistemas de seguridad social atraviesan por una situación financiera complicada, el diputado nacionalista Pablo Abdala planteará en el Parlamento lo que ocurre en la Caja de Profesionales Universitarios, cuyo gerente general tiene una remuneración mensual que es “totalmente ilegal”, según dijo a El País.

Esta persona ocupa el cargo de gerente general de la Caja, y a julio de 2018 percibía un salario nominal compuesto de sueldo propiamente dicho más una partida por cumplimiento de objetivos, llegando a $ 645.281.

El problema por el cual Abdala hará un planteamiento basado en la “ilegalidad” de esa remuneración es que la ley no permite que el salario a percibir en una persona de derecho público no estatal, como se considera a la Caja, supere el 60% de la retribución del presidente de la República.

En este caso es casi similar porque el presidente Tabaré Vázquez, según la web oficial, es de $ 657.031 nominales, compuestos por el sueldo sujeto a montepío, y los gastos de representación.

“Es el salario público, no del Estado, más alto que se cobra. Aunque no es empleado estatal, es público, y por eso haré el planteo” en la Comisión Permanente, adelantó el legislador.

Abdala explicó a El País que estos organismos también son alcanzados por la limitación legal. El artículo 10 de la ley 19.438, que es la Rendición de Cuentas de 2015, aprobada en 2016 incluye una modificación a un inciso de ley 17.556, de la época del expresidente Jorge Batlle, donde se establece el límite del 60% del sueldo presidencial para nuevos organismos como los entes autónomos, las personas de derecho público no estatal y las sociedades anónimas donde el Estado tenga participación mayoritaria.
“Si bien la Caja y esos otros organismos no integran la estructura del Estado están sometidas al derecho público. En el directorio hay dos personas del Poder Ejecutivo, y además la interviene el Tribunal de Cuentas”, recordó.

Abdala hará su planteo en sala el miércoles 23 en la Comisión Permanente. “Hay un aspecto de ilegalidad, pero también se trata de un tema de oportunidad y conveniencia. En este momento se discute sobre los subsistemas de seguridad social, su futuro, su sostenibilidad, porque además en todos la relación activo pasivo está bastante deteriorada”, sostuvo el legislador a modo de adelanto.

El diputado de Alianza Nacional indicó que si bien la Caja está procurando enjugar su déficit con las inversiones, “las proyecciones existentes pese a esos buenos negocios indican que la Caja no es sostenible en el mediano plazo”.

Y recordó que en es este período de gobierno hubo una fuerte discusión política porque a los pasivos se les recortaron varios beneficios. “Por ejemplo modificando la tasa de reemplazo para generar ahorros, algo que por otra parte fue impugnado en la justicia”.

“Entonces parece irritante para que se mantenga este nivel salarial en una gerencia general, cuando además, los directores perciben tres veces menos”, acotó.

Uno organismo similar alcanzado por la modificación legal de 2016 fue Gas Sayago, que es una sociedad anónima donde el Estado tiene participación mayoritaria a través de UTE y Ancap.


Abdala recordó que en su momento denunció que en Gas Sayago había una situación similar, y en aquel momento la ministra de Industria Carolina Cosse planteó la necesidad de adecuar la situación y “los salarios algo bajaron”.

Según el balance de la empresa, al que accedió el legislador, el gasto en 2014 fue de US$ 2 millones solo en salarios de los funcionarios. “Es un 70% más que en 2013. Y ojo que es una empresa que tiene menos de 30 funcionarios”, sostuvo.

Indicó que por concepto de gastos en general, en 2014 se fueron US$ 4 millones (sin salarios), lo que da un crecimiento del 100% respecto a 2013.

En es entonces, la gerenta general de Gas Sayago percibía cerca de $ 400.000 lo que en ese entonces también significaba más ingreso que el presidente de la República.

Sobre aviso
En octubre pasado, El País informó que un grupo de afiliados a la Caja denunciaba el rumbo de la institución, las elevadas remuneraciones de sus directivos y reclamaban a su vez ser consultados en la elaboración del proyecto de reforma que las autoridades anuncian que quieren tener pronto para marzo de 2020. Este grupo de profesionales, que en las anteriores elecciones apoyó a la lista 19 del orden de los jubilados y a la 9 en los activos, formó la agrupación denominada “El Orden Profesional” y tiene como referentes al ingeniero agrónomo Gabriel Dambrauskas, al arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti y al ingeniero químico Guido Melani. Las autoridades de la caja elegidas en 2017 “no modificaron un ápice la gestión” y la entidad está en proceso de desfinanciación desde 2014 y podría entrar en una situación complicada sobre fines de la próxima década, advirtieron los profesionales.

ElPais