Secreto de estado

La oposición votó en contra; aquellos escritos que el Ejecutivo tildó de reservados, se mantendrán bajo ese carácter y no serán públicos.

La Cámara de Diputados, con votos del Frente Amplio, decidió que ciertos documentos vinculados a la construcción de la frustrada planta regasificadora de Puntas de Sayago quedaran bajo carácter reservado, por lo que no se podrán hacer públicos. Toda la oposición se manifestó en contra.

Según explicó el diputado frenteamplista Roberto Chiazzaro, la decisión obedece a que el Poder Ejecutivo mandó en su momento ciertos documentos como reservados y entendieron que se debían mantener bajo ese carácter.

La justificación que dio el gobierno a esta determinación es que muchos de los escritos son de “carácter técnico” y, como “sigue abierta la posibilidad de que se reinicie” el proyecto, se consideró que son de uso reservado, explicó a ECOS Chiazzaro, quien también ocupó el lugar de presidente en la comisión investigadora de la regasificadora.

Sin embargo, para el diputado del Partido Independiente e integrante de la comisión, Daniel Radío, la fundamentación del “secreto” no fueron suficientes.

“Yo puedo entender que haya algunas cosas que se puedan mantener en reserva, pero hay que explicarlo muy bien. No puede ser que la norma sea el secreto y que haya que explicar por qué no”, aseguró.

“U otra cosa peor, lo que no puede ser es que se vote en secreto nada más que porque les sobra un voto en la Cámara de Diputados. ¿Por eso, declaro secreto todo?, ¿a la gente?. Eso está muy difícil de explicar”, señaló.

A su vez, recordó que aún en el trabajo de la investigadora, Gas Sayago se negaba a brindarles documentación bajo la misma justificación, de que era confidencial. “Ahora el Frente es consecuente con eso”, afirmó.

Por otro lado, Radío indicó que es “probable” que acompañen la denuncia que quiere llevar la oposición a la Justicia. Según el diputado “hay casos que son claramente sospechosos” y que “ameritan” que sean investigados.

Asimismo, sostuvo que la decisión del Frente Amplio de no acompañar la denuncia es “coherente”, ya que “no quiere que se sepa de esto”.

“En realidad, ellos salvo excepciones nunca quieren que se sepa mucho. Entonces me parece que es coherente todo eso”, opinó.

Radío afirmó que es “un indicio más” que el Frente Amplio “no quiera que se sepa” sobre el tema de la regasificadora, a pesar de que explicó que “no quiere prejuzgar”,

Para el diputado “está bueno” que se investigue, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa brasileña OAS, que se eligió para la construcción del proyecto, fue denunciada por cometer actos de corrupción en su país. “¿Y nosotros no la vamos a investigar? Es muy raro”, expresó.

“Cualquiera querría investigarlo. Hasta si yo fuera uno de los protagonistas querría que me investigaran para despejar dudas”, comentó.

Sin embargo, para el diputado oficialista Chiazzaro, “no corresponde” llevar el tema a la Justicia ya que “los supuestos” que planteó la oposición de que “había una conexión con Brasil que pudiese estar empañando el proceso licitatorio -manifestando que había un interés oculto para favorecer a determinadas empresas- quedó absolutamente desestimado”.

Según el legislador, se descartó por los propios comentarios que aparecen en las fotocopias que proporcionó el denunciante a la Justicia brasileña y que el diputado Pablo Abdala presentó en su denuncia.

Chiazzaro explicó que en otros documentos que consiguió, vinculado al Superior Tribunal de Justicia de Brasil, se establece que de las 20 denuncias que existían solamente fue considerada una que se vincula a hechos de Odebrecht, que sucedieron en Argentina y en Mozambique.

“En el Frente entendimos que no podíamos seguir llevando a la Justicia más elementos basados en meras suposiciones”, manifestó.

El diputado concluyó que, terminada la investigadora que llevó un tratamiento de dos años, en el cual recibieron a más de 100 testigos y 44 sesiones -manejando “una tremenda y voluminosa documentación- pudieron “tener la certeza” que “ese manto de duda que existía sobre la ilicitud de los procedimientos”, no tiene fundamentos

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